Entre Líneas

El orden internacional que durante décadas dio certidumbre a la relación entre los Estados comienza a mostrar fisuras cada vez más evidentes. Principios que parecían inamovibles como la soberanía territorial, el derecho internacional, el peso de los organismos multilaterales, hoy son puestos a prueba por una realidad en la que el poder, los intereses estratégicos y la fuerza económica vuelven a imponerse sobre las reglas escritas.

Lo ocurrido recientemente en torno a Groenlandia no es una anécdota ni una acción aislada. Las declaraciones y posturas asumidas desde Estados Unidos, la respuesta de Canadá y las reacciones en Europa reabren un debate que se creía superado: la aparente certeza de que las reglas del orden internacional estaban claramente definidas y debían respetarse sin excepción.

Este giro quedó aún más expuesto durante la cumbre de Davos. Lejos de un consenso sólido en torno al respeto irrestricto al derecho internacional, lo que predominó fue la cautela, los silencios estratégicos y una aceptación implícita de que el mundo atraviesa una etapa de reacomodo. Los mandatarios de los países involucrados reaccionaron con mesura, conscientes de que confrontar abiertamente a las grandes potencias puede escalar tensiones y alterar un sistema que, con todos sus defectos, había ofrecido estabilidad durante años.

En ese contexto surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué tan vigentes son hoy los organismos internacionales que durante décadas fungieron como garantes del orden global? Instituciones como la ONU, la OIT, la OMC, la FAO, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN o diversos tribunales internacionales nunca tuvieron poder propio en sentido estricto. Su fuerza no descansaba en ejércitos ni en sanciones automáticas, sino en algo mucho más frágil: el consenso y el respeto de los Estados que decidieron someterse a sus reglas.

El problema aparece cuando ese respeto se erosiona. Cuando las resoluciones dejan de cumplirse, las condenas se vuelven simbólicas y las violaciones evidentes no tienen consecuencias reales, los organismos multilaterales quedan reducidos a foros declarativos. Existen, emiten comunicados, expresan preocupación, pero su capacidad de incidir se diluye, y el mundo comienza a actuar en consecuencia.

Los ejemplos son claros y cercanos. México lo ha vivido de manera directa. La irrupción en su embajada en Ecuador, una violación flagrante a principios básicos del derecho internacional y a la Convención de Viena, no derivó en sanciones efectivas ni en una reacción contundente del sistema multilateral. Hubo pronunciamientos y llamados al diálogo, pero en los hechos, nada ocurrió. El mensaje fue inequívoco: las normas siguen existiendo, pero su cumplimiento ya no está garantizado.

Lo mismo se observa en conflictos armados, disputas territoriales y crisis humanitarias alrededor del mundo. Los organismos internacionales intervienen de manera selectiva: reaccionan con firmeza cuando hay intereses estratégicos de por medio y optan por la cautela —o el silencio— cuando confrontar a ciertos actores implica costos políticos o económicos. Esa selectividad erosiona su credibilidad y debilita la idea misma de un orden internacional basado en reglas comunes.

Cuando las instituciones pierden autoridad, el sistema no se corrige solo. Lo que emerge es un entorno donde cada Estado recalcula hasta dónde puede llegar, qué puede ignorar y qué reglas puede reinterpretar. El derecho deja de ser un límite compartido y se convierte en una herramienta que se invoca o se omite según convenga.

El caso Groenlandia, las reacciones contenidas en Davos y la inacción frente a violaciones evidentes no son episodios inconexos. Son síntomas de un mismo fenómeno: un orden internacional en transformación, más pragmático, más áspero y menos predecible.

Frente a este escenario, México enfrenta un reto que va más allá del discurso diplomático. La prioridad debe ser fortalecer su andamiaje interno, reivindicando la supremacía constitucional y la soberanía jurídica como ejes rectores de toda decisión pública. No se trata de aislarse ni de desconocer el derecho internacional, sino de entender que, en un mundo donde las reglas se aplican de manera selectiva, la coherencia interna se convierte en un activo estratégico.

Las decisiones del Estado mexicano en sus tres poderes deben partir de su propio marco constitucional, sin subordinaciones automáticas a criterios externos que no siempre reflejan el interés nacional. En paralelo, la política pública debe seguir orientándose a fortalecer el abastecimiento en todos sus ámbitos: energético, alimentario, logístico, tecnológico y productivo, cuestión que se había vislumbrado desde años anteriores, de ahí la necesidad de hacer refinerías y proyectos que a largo plazo permitieran tener autonomía, soberanía y capacidad de crecimiento.

De aquí en adelante, la verdadera fortaleza no estará en la cercanía circunstancial con unos u otros, sino en la capacidad del país para sostenerse, decidir y proyectarse desde una base legal, institucional y productiva propia. Por ahora, México se mantiene firme y estable, atento a leer entre líneas los movimientos y decisiones que marcarán el rumbo de la comunidad internacional.